Una de las asignaturas pendientes, del sistema democrático boliviano, tiene que ver con la administración de justicia.
Resulta frustrante que en casi cuatro décadas de vigencia de regímenes constitucionales, todos los gobiernos -en lugar de hacer esfuerzos para promover la emergencia de jueces, fiscales, magistrados probos que contribuyan a la vigencia plena de los derechos y garantías constitucionales, por el contrario y lo que es más grave, deliberadamente y con la intención de ejercer un control fáctico desde el Palacio de Gobierno hacia el Ministerio Público y los tribunales de justicia- generaron las condiciones para impedir el desarrollo y fortalecimiento de ambas entidades.

Por ello no es casual que éstas jamás hayan consolidado su plena autonomía evidenciando además una ostensible mediocridad profesional y humana en cuanto a sus integrantes. De esta forma, dan la idea de que, probablemente ese era el requisito para formar parte de las mismas, es decir, ser deshonestos, corruptibles, de baja calidad académica y funcionales al poder político, en el entendido que un profesional honesto, apóstol del derecho, muy difícilmente se prestaría a ser utilizado o manipulado por quienes eventualmente ejerzan presión económica o política sobre su persona.
Lo doloroso e indignante es que, cuando se suscitó la llegada al poder del MAS, bajo el liderazgo de Evo Morales, había la esperanza inicial que esta anomalía pudiera subsanarse progresivamente hasta hacer realidad la legítima aspiración del pueblo boliviano de contar con un sistema de administración de justicia transparente, de calidad y de vocación democrática.

Este objetivo sólo podía alcanzarse promoviendo la llegada tanto al Órgano Judicial como al Ministerio Público de los profesionales juristas más probos, en términos de capacidad, marcado dominio de la ciencia del derecho, identificación con los derechos humanos, trayectoria límpida y fundamentalmente independencia política, precisamente para viabilizar un verdadero proceso de independización.

La realidad nos muestra que si bien en la propia Constitución Política del Estado, como en las leyes se consagra esa independencia, en la práctica se observa que el actual gobierno resultó ser mucho más radical que los anteriores en su afán obsesivo de controlar todas las instituciones del Estado y entre ellas precisamente las dos antes mencionadas, ocasionando que a 36 años de haberse reconquistado la democracia, todavía el pueblo siga reclamando por la vigencia de un sistema de administración de justicia imparcial, transparente.

Es evidente que en los últimos años el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General no sólo dan muestras de una total subordinación hacia el gobierno, sino de preocupantes niveles de corrupción, mediocridad profesional de sus integrantes, existiendo por ello razones suficientes para hablar en Bolivia de una justicia prostituida.

En ese contexto es conveniente analizar el caso relacionado al bebé Alexander, su muerte y la injusta sentencia dictada contra el médico Jhiery Fernández, quien fue sancionado penalmente a 20 años de cárcel por una supuesta violación al indicado menor, sin la existencia de elementales pruebas de descargo, simplemente bajo la inhumana premisa de que, producido el escándalo público, había que enervar cualquier grado de responsabilidad legal y política al Gobierno Departamental, instancia de poder que por entonces estaba controlada por el MAS.

A partir de esta decisión operó el control e influencia política tanto en el Ministerio Público como en los jueces a cargo del caso. Veamos: el 13 de noviembre de 2014, a las 5:30 , en el Centro de Acogimiento Virgen de Fátima donde se encontraba el bebé Alexander, Óscar Choque, la cuidadora Madeleine Paye, al momento de dar alimentación a menores, se percata que el bebé de referencia presenta problemas de salud, que no recibe la leche, se lo lleva a la enfermería de dicho centro.
La enfermera Lola Rodríguez llama al Dr. Jhiery Fernández que se encontraba en el Instituto de Rehabilitación Integral, dependiente del Sedeges, realizando una curación a otra menor, motivo por el que no responde a la llamada telefónica, circunstancia ante la cual, la cuidadora y la enfermera trasladan al bebé Alexander al Hospital del Niño. En dicho centro el pediatra procede a reanimar al menor y al no lograr su objetivo después de 45 minutos, por la ausencia de espacio en ese centro de salud se lo traslada al Hospital Juan XIII, lugar donde se advierte una posible violación rectal. El ahora médico objeto de una sentencia judicial no tuvo oportunidad de estar en contacto con el menor.

Lo indignante de este caso tiene que ver con el escándalo público suscitado a partir de la publicación de una versión que jamás se comprobó, me refiero a la violación sexual del niño. Obviamente que conocido el caso, la indignación ciudadana no se hizo esperar, porque le dieron una noticia sobre bases no corroboradas y más que todo falsas. Es natural que cuando la población es informada sobre este tipo de hechos, reacciona con la lógica y exige que se haga justicia y se sancione penalmente a los responsables.
Frente a esa interpelación ciudadana, tomando en cuenta que el Centro de Acogimiento Virgen de Fátima, depende del Gobierno Departamental, instancia de poder político encabezada por el entonces gobernador Cocarico, había que desplazar la interpelación ciudadana hacia otro lado.
En esas circunstancias, lo que menos importó al gobierno tanto departamental como nacional es que se haga justicia, sino evitar el desgaste político. Fue el momento preciso en que deciden utilizar su influencia y dominio fáctico para obligar a la fiscalía a otorgarle una determinada dirección a la investigación penal, había que encontrar a como diere lugar un responsable y desplazar sobre éste todo el peso de la ley, para mostrar ante la opinión pública cuán eficiente es el Estado y el gobierno para promover la sanción penal del culpable.

Como se hablaba de violación sexual, es ese objetivo nefasto, la responsabilidad debía recaer sobre una persona de sexo masculino. Ese es el momento donde se va a iniciar el viacrucis de un ciudadano que no había incurrido en el hecho delictivo que se mencionaba.
Indefectiblemente debía primero ser denunciado, luego imputado, después acusado formalmente y posteriormente sentenciado. A esta cadena de irregularidades se prestaron los subordinados institucional y políticamente, policías, fiscales (de materia, Departamental e incluso el Fiscal General), jueces. Todos de manera disciplinada, conscientes de que se estaba cometiendo una injusticia decidieron mandar a la cárcel a un inocente, porque lo que importaba era salvar la imagen de la autoridad política y su lógica responsabilidad.

También es correcto mencionar que en esta trama de mal gusto se involucró el Ministerio de Justicia, portafolio de Estado que a través de sus diferentes titulares, desde el 2014 hasta el presente, mostró una actitud cómplice del atropello, desde luego lo que importaba era obedecer a la consigna política, ninguna autoridad vinculada al gobierno debía ser perjudicada, independientemente de la culpabilidad o inocencia de la persona.

Pero como la mentira tiene patas cortas, todos los artífices de este teatro malevo no contaron con que uno de sus protagonistas, precisamente la presidenta del tribunal de Sentencia, en algún momento, al calor de unos tragos iba a revelar la verdad, algo así como cuando hace muchos años un grupo de policías asaltaron en Calamarca una remeza, para quedarse con los sueldos de los trabajadores mineros y tiempo después en una borrachera uno de los coautores reveló el hecho, delatando a sus cómplices.

De la misma forma hoy está aconteciendo a través del lujo de detalles que proporciona la jueza-delincuente. Desnudando una vez más no solo la fragilidad institucional del Ministerio Público y el sistema judicial, sino la total falta de ética profesional, vocación de justicia de fiscales y jueces, pero, lo más grave, la consuetudinaria predisposición a obedecer fielmente la instrucción proveniente de la instancia política, porque a través de esta vergonzosa subordinación, se aseguran su estabilidad en el cargo, la posibilidad de ascender a instancias superiores.

De esta forma se trafica con la justicia. Lo acontecido en los últimos días pone en evidencia una vez más que vivimos en una peligrosa situación de indefensión ciudadana, donde el inocente puede ser fácilmente sancionado y encarcelado y el delincuente de cuello blanco o de élite liberado de cualquier responsabilidad penal. Esa delincuencia privilegiada es la que algún día debe desaparecer.
 

Waldo Albarracín

Lunes 24 de septiembre de 2018